“El mío es un gobierno hormonado y testiculado”. Hace 40 años, el gobierno Turbay Ayala restringió las libertades para preservar las instituciones. Después llegó Álvaro Uribe y quizo lograr resultados en el mismo sentido con la misma fórmula aunque con diferente nombre. Una locura diría Einstein.

En 1978, Colombia fue diagnosticada por el Presidente del Partido Liberal con una enfermedad que ya padecía desde hacía decenios: La violencia. Su decisión fue que la culpa la tenían las guerrillas comunistas (de corte marxista como el ELN, y Maoista como las Farc y el EPL) y la nacionalista M-19, a las que señaló como brazos del castrismo cubano. Una mezcla conceptual absurda.

El diagnóstico de Turbay, además de absurdo y superficial, erróneamente centró la enfermedad nacional en una consecuencia con fondo histórico, pues las guerrillas fueron el fruto de luchas sociales partidistas desde el siglo XIX y su violencia y no la causa de esta. Pero todavía peor, hizo que el país perdiera de vista un mal que es el cáncer más mortífero de Colombia hasta hoy: el narcotráfico.

Bajo las narices de Turbay y sus seguidores, bajo la miopía de López Michelsen y Pastrana Arango, sus antecesores y aliados en el Frente Nacional, se conformaron y fortalecieron los carteles de la cocaína más poderoso y destructivos del mundo.

El Estatuto de Seguridad Nacional que Turbay impuso, profundizó y formalizó la exclusión política que venía desengrando al país rural desde la hegemonía conservadora de principios del siglo XX y que se empezaba a sentir en las goteras de las ciudades. Legitimó a los Partidos políticos tradicionales como fuerza única y absoluta de poder, y estigmatizó y persiguió a la oposición a esta, obligando a la clandestinidad y a las vías de hecho a activistas de izquierda democrática y de movimientos sociales y sindicales.

Mientras se usaba a las armas jurídicas y militares legítimas del Estado para acallar a la oposición política y perseguir a los ciudadanos de ideología distinta a los Partidos hegemónicos y sus patrocinadores, el narcotráfico se toleraba y hasta se alentaba socialmente. Uno de los sobrinos del presidente Turbay Ayala fue novio de Virginia Vallejo, y en un viaje de esa familia a la Hacienda Nápoles en el verano de 1982, para conocer el famoso zoológico del empresario antioqueño Pablo Escobar, fue que empezó la historia de pasión y poder entre el bandido y la diva de esa época.

En las toldas del Partido Liberal, Alberto Santofimio era patrocinado por Pablo Escobar y crecía la figura de Ernesto Samper Pizano, los dos pupilos del expresidente Alfonso López Michelsen. Las armas del Estado se empuñaban contra ciudadanos contradictores pero al mismo se nutría a los corruptos con los que se convivía, y se dejó crecer a la peste que lo corrompería todo, desde la economía hasta a la guerra.

El Estatuto de tortura y persecución, no arregló nada, solo hizo que fuera más difícil construir un país en diálogo, con confianza en el diferencia, tolerante al debate y permisivo con la objeción democrática y la participación política de distintas fuerzas. Cerró las puertas a la solución pacífica de las diferencias ideológicas. Sembró el miedo a disentir, a contradecir, estigmatizó a la izquierda democrática y le dio patente de corzo a la derecha radical y a las Fuerzas Armadas a violar los derechos humanos y a asesinar al contrario en defensa de lo que consideró debía ser la Democracia.

En 2002, la Seguridad Democrática del Presidente Álvaro Uribe Vélez repitió la fórmula para responder a las guerrillas que el Estatuto no pudo derrotar. Ahora el mal de la violencia estaba recargado y alimentado por el narcotráfico. Y, coherentemente, Uribe pensó que la respuesta debía ir recargada.

Como gobernador lo mostró: su fórmula recargada incluía lucha intensa y masiva desde lo militar y la movilización ciudadana. La violación de los derechos humanos no fue su invento pero sí su arma, su as, bajo la manga. Su permisividad con bandas de paramilitares que se tomaban pueblos y realizaban masacres está bien documentada. Su apoyo a bandas de autodefensas como colectivos ciudadanos armados llamados Convivir, es bien conocida. Su cercanía a narcotraficantes como los hermanos Ochoa y Pablo Escobar está registrada y documentada.

Luego, como Presidente, en su primer mandato, paralelo al desmonte de los ejércitos paramilitares, que sin derrota militar accedieron a dejar de matar, y con el Plan Colombia negociado por el ex Presidente Andrés Pastrana con EE.UU., copó las zonas del país donde el terror paramilitar había logrado desplazar a las guerrillas  y a las poblaciones nativas, y logró gestionar en el Congreso Leyes que le dieron armas Judiciales y jurídicas para ampliar y fortalecer el accionar de las Fuerzas Armadas. Fue una gran jugada, y ante todo, necesaria frente el poder creciente que sus antecesores le dieron a las guerrillas en el sector rural colombiano. No se discuten sus logros militares y la pertinencia de una guerra contra los grupos ilegales que políticos mediocres no supieron encarar.

Sin embargo, las medidas policivas, de guerra judicial y de persecución militar de la Seguridad Democrática de Uribe, fueron paralelas a un discurso estigmatizante de la oposición política y beligerante con la izquierda democrática. He ahí el problema, sumado a que no se acompañó el esfuerzo militar con acciones claras y contundentes en lo social estructural, más allá de paños de agua tibia asistencialista y de corte populista de derecha.

De igual forma, el impulso dado y sostenido al aparato militar del Estado indujo a una creciente práctica de violación de derechos humanos que dio como resultado escándalos como el de los Falsos Positivos, con más de 4.000 jóvenes inocentes asesinados para ser presentados como bajas a las guerrillas, el enquistamiento y fortalecimiento de bandas ilegales en las ciudades, y el aumento del desplazamiento en zonas donde los paramilitares cambiaron de nombre por Bacrim.

La violencia en el país no acabó, solo se desplazó y se ha concentrado en las fronteras y la zona del Pacífico colombiano. Las ciudades recibieron el conflicto y el crimen ha crecido en ellas desde entonces. El narcotráfico no se solucionó, solo bajó su perfil y se ha hecho más difícil de perseguir. La corrupción creció, pues los narcotraficantes y sus aliados en la política y la sociedad tuvieron 30 años para aprender que la confrontación y la guerra no era con ellos, que el Estatuto de Seguridad de Turbay y la Seguridad Democrática de Uribe era contra la movilización social legítima, contra la oposición armada, contra la izquierda democrática, contra el desarrollo y el avance ideológico del país, pero no contra ellos.

Turbay y Uribe usaron a las Fuerzas Militares de forma eficiente para sus fines políticos e ideológicos, pero su gestión administrativa y su legado social es lamentable. Su herencia cultural y democrática para el país es catastrófica, no contribuyeron a dejar un país más moderno y abierto mentalmente, ni a impulsar un nación más tolerante y unida, sino que profundizaron la radicalidad y la exclusión política como norma. Con Uribe ya no la exclusión bipartidista, sino ahora personalista y mesiánica. Es un hombre y su idea de patria y cultura, no un país y su inclusión en el mundo y sus transformaciones, lo que ha edificado Uribe Vélez

Vivimos con una libertad a medias, una seguridad limitante, transtornados con la divergencia, excluyendo al diferente, en un país conservador que avanza a velocidad de los prejuicios y los estigmas, con una sociedad cerrada y que es feliz por su hipocresía y que desconfía del cambio.

Este análisis, enlazado abajo, de 2008 publicado en El Espectador nos da más luces al respecto.

Origen: Del Estatuto de Seguridad a la Seguridad Democrática | ELESPECTADOR.COM