Esta no es una defensa ciega de Iván Cepeda ni una condena emocional de Abelardo De la Espriella. Es una toma de posición. Y precisamente por eso debe ser clara: voy a votar por Cepeda porque, después de comparar propuestas, discursos y riesgos democráticos, considero que es la mejor opción institucional, social y democrática para Colombia.
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Desde que se firmó el decreto del salario mínimo en $2.000.000, los grupos de WhatsApp de empresarios pymes están en llamas. El pánico es palpable. «No me dan los números», «Voy a tener que despedir», «El Gobierno nos quiere quebrar».
Es comprensible. Cuando la caja está vacía, cualquier gasto adicional se siente como una sentencia de muerte. Pero hoy, en Ideas de Doble Filo, vamos a cortar la cortina de humo. Vamos a decir la verdad incómoda que los gremios grandes (Fenalco, ANDI) prefieren no gritar, porque ellos son parte del problema.
Colombia se fue a dormir con una noticia que rompió la calculadora de cualquier economista ortodoxo. El Presidente Gustavo Petro, ante la falta de acuerdo en la mesa de concertación, firmó el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, fijando el ingreso mínimo para 2026 en $2.000.000 de pesos. Parece que se va a caer el cielo de la economía con tal atrevimiento, pero la evidencia global de los últimos 20 años dice todo lo contrario.
Hace apenas unos días, en este mismo espacio, analizábamos el «teatro del miedo» que los gremios montan cada diciembre. Decíamos que la propuesta de $1.800.000 del Ministro Benedetti era una jugada de «anclaje» para hacer digerible una cifra menor.
Nos equivocamos. No era un anclaje. Era un aviso.
Diciembre en Colombia tiene dos rituales inamovibles: la novena de aguinaldos y la liturgia del miedo en la Mesa de Concertación Salarial.
Hay un terremoto silencioso que está reconfigurando el mercado laboral, y sus primeras víctimas no son los trabajadores de las fábricas ni los veteranos de la oficina, sino los que apenas están llegando: los jóvenes. Durante años, hemos hablado de la inteligencia artificial como una promesa de productividad y una herramienta del futuro. Sin embargo, un estudio reciente y contundente de la Universidad de Stanford actúa como el canario en la mina de carbón, enviando una advertencia inequívoca: ese futuro ya está aquí, y está demoliendo la puerta de entrada al mundo profesional.
En Colombia, declararse en insolvencia personal no es solo un trámite jurídico: es una radiografía de un modelo económico que se desborda sobre la vida cotidiana de miles de familias. Desde 2012, cuando entró en vigencia el régimen de insolvencia para personas naturales no comerciantes, el país dio un paso hacia el reconocimiento de que el sobreendeudamiento no es un pecado individual, sino un síntoma de fallas estructurales en la economía y en el acceso desigual al crédito.
Cada vez que un colombiano vota, viaja al exterior o presenta su cédula de ciudadanía, interactúa con un poder tan omnipresente como discreto. Detrás de la logística electoral, la expedición de pasaportes y la gestión de datos sensibles de millones de ciudadanos, se encuentra un nombre que ha trascendido gobiernos y se ha convertido en una pieza inamovible del establecimiento: Thomas Greg & Sons (TGS).
Más de 30 instituciones latinoamericanas se unen para desarrollar el primer modelo de inteligencia artificial fundacional hecho en y para América Latina, y Colombia brilla por su ausencia. Latam-GPT, liderado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, propone una alternativa culturalmente situada y políticamente soberana frente a los modelos dominantes desarrollados en el norte global. Su lanzamiento, previsto para junio de 2025, representa una oportunidad estratégica para reducir la dependencia tecnológica de la región, pero también evidencia quiénes están —y quiénes no— construyendo el futuro digital latinoamericano.
Mientras en pasillos corporativos se celebran bonificaciones millonarias, a nivel global 266 millones de trabajadores siguen ganando menos del salario mínimo legal y otros 664 millones viven en pobreza laboral extrema, incapaces de cubrir sus necesidades básicas . Esta brecha no es sólo injusta: amenaza la estabilidad social, frena el crecimiento y erosiona la legitimidad misma de las empresas.