Faltan dos semanas para el 7 de agosto y la maquinaria ya está encendida. José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, habla de “herencia maldita” y de una “profunda destrucción institucional”. Abelardo de la Espriella lo resume con menos tecnocracia y más martillo: “el país que recibimos es un desastre”.

El libreto no es nuevo. Primero se declara la ruina. Luego se exige cirugía de choque. Después se presenta como inevitable el regreso al mismo modelo que Colombia ya probó durante décadas: disciplina fiscal para los de abajo, confianza inversionista para los de arriba, deuda externa como correa de dependencia, extractivismo como destino, austeridad como virtud moral y crecimiento mediocre como prueba de responsabilidad.

Ese es el truco. No están describiendo solamente una economía. Están preparando el terreno para desmontar una apuesta.

Y la apuesta que quieren desmontar merece ser defendida.

No porque el gobierno de Gustavo Petro haya hecho todo bien. No lo hizo. No porque la economía colombiana haya quedado blindada contra todo riesgo. No lo está. No porque la deuda pública total no preocupe. Preocupa, y mucho. Pero la discusión seria no empieza en la obediencia automática a los guardianes locales de la ortodoxia. Empieza en reconocer algo que a esa ortodoxia le incomoda profundamente: el gobierno saliente desafió sus dogmas y, en varios frentes, la realidad no le dio la razón a los catastrofistas.

El país no quedó en ruinas.

Lo que quedó en ruinas fue una parte del relato según el cual Colombia no podía salirse ni un milímetro del libreto económico dominante sin que el dólar se disparara, los mercados huyeran, la inflación se volviera ingobernable y el Estado colapsara bajo el peso de su propia herejía.

Eso no ocurrió.

El hereje no estaba improvisando

A Petro se le puede criticar mucho. Se le puede criticar la ejecución, el desorden, la pelea innecesaria, la dificultad para convertir grandes intuiciones en gerencia pública fina. Pero hay una crítica que no resiste la evidencia: que su gobierno actuó por puro capricho económico.

No. La arquitectura de fondo tuvo una premisa clara: un Estado con moneda propia, banco central propio y capacidad productiva ociosa tiene más margen de maniobra del que admite la ortodoxia fiscal heredada de las crisis latinoamericanas de los años ochenta y noventa.

Ese debate no nació en una plaza pública de campaña. Viene de la discusión económica posterior a 2008, cuando la gran crisis financiera dejó en evidencia que los manuales dominantes sabían disciplinar Estados periféricos, pero no supieron anticipar ni resolver la crisis que estalló en el corazón mismo del capitalismo financiero.

Desde entonces, la Teoría Monetaria Moderna, los postkeynesianos, el enfoque del Estado emprendedor y buena parte de la crítica contemporánea a la austeridad han insistido en una idea central: el límite real del gasto público no es el déficit como fetiche contable, sino la capacidad productiva, la inflación, el sector externo, la calidad del gasto y la capacidad institucional para convertir pesos en producción real.

Ese fue el punto de partida. Colombia tenía tierra sin cultivar, infraestructura logística atrasada, industria debilitada, dependencia excesiva del petróleo y del carbón, y una economía acostumbrada a pedir permiso afuera para financiar su propio desarrollo.

Petro intentó romper esa inercia.

Y eso, por sí solo, ya es más interesante que volver a repetir el catecismo económico de siempre.

La deuda externa cuenta una historia que la derecha no quiere leer

Si el país hubiera quedado en las ruinas que hoy pregona el gobierno entrante, la deuda externa debería contar una historia de descontrol. Pero no la cuenta.

Según los datos trabajados sobre boletines del Banco de la República, Juan Manuel Santos recibió su segundo mandato en agosto de 2014 con una deuda externa total cercana al 26,6% del PIB y la entregó en agosto de 2018 en 36,6%: un aumento de 10 puntos. Iván Duque recibió ese indicador en 36,6% y lo entregó en agosto de 2022 en 51,5%: un salto de 14,9 puntos, el mayor de los tres gobiernos recientes. Petro recibió ese 51,5% y, a abril de 2026, la deuda externa total estaba en 51,6% del PIB: prácticamente el mismo nivel.

Si se mira la deuda externa pública, el patrón se mantiene. Santos la llevó de un estimado de 15% a 21,1% del PIB. Duque, de 21,1% a 29,3%. Petro, de 29,3% a cerca de 31,4% en abril de 2026: el menor aumento comparativo de los tres periodos.

Entonces digámoslo sin miedo: si la métrica es el manejo de la deuda externa frente al PIB, Petro lo hizo mejor que Santos y mejor que Duque.

No “perfecto”. Mejor.

Y eso basta para incomodar a quienes necesitan vender la fábula del desastre.

La derecha económica puede intentar rodear el dato, llenarlo de peros, desplazar la discusión hacia otros indicadores o esconderlo debajo de una alfombra de adjetivos. Pero el dato está ahí: el gobierno que supuestamente destruyó la economía fue el que menos aumentó la deuda externa en los últimos tres periodos presidenciales.

La pregunta incómoda no es por qué Petro defiende su manejo. La pregunta incómoda es por qué quienes más hablan de responsabilidad económica omiten este dato.

Soberanía no es magia. Pero tampoco es una palabra vacía.

El mérito no está solo en que la deuda externa se estabilizara. Está en la decisión estratégica de reducir la exposición al dólar.

La deuda externa tiene un problema brutal para economías como la colombiana: cuando el peso se devalúa, el país debe más sin haber gastado más. Cada turbulencia internacional, cada subida de tasas de la Reserva Federal, cada ataque especulativo, cada pánico global, se transmite al presupuesto nacional como una factura escrita en una moneda que Colombia no emite.

Por eso la sustitución hacia deuda interna no es un detalle técnico. Es una decisión política de soberanía financiera.

Claro que tuvo costo. La deuda interna pasó de representar el 65% del total de obligaciones del Gobierno en agosto de 2022 a 73% en abril de 2026. Eso presiona el mercado local de capitales, encarece el crédito y aumenta la importancia de los TES. Pero una cosa es tener un problema en pesos, con banco central propio y mercado interno, y otra muy distinta es quedar encadenado a obligaciones en dólares que se encarecen cada vez que el mundo decide ponerse nervioso.

La ortodoxia local quiere vender esa sustitución como simple traslado del problema. Es más que eso. Es un cambio en la naturaleza del riesgo.

No desaparece la deuda. No desaparece la presión fiscal. Pero el país gana margen de maniobra. Y en economía política, el margen de maniobra no es poesía: es poder.

El dólar no obedeció al apocalipsis

Durante años se nos dijo que cualquier desviación del manual ortodoxo llevaría a una catástrofe cambiaria. Que si el Estado gastaba más, si se financiaba en pesos, si hablaba de industrialización, si cuestionaba el extractivismo, si se atrevía a pensar más allá de la confianza inversionista tradicional, el dólar castigaría de inmediato al país.

Pero el dólar no actuó como profeta de la derecha económica.

De hecho, los propios análisis recientes de mercado muestran que los inversionistas extranjeros siguen mirando a Colombia con interés, no como una economía arrasada. El País reportó que el peso tuvo una apreciación fuerte en junio de 2026 y que bancos internacionales han recomendado activos colombianos, aunque con advertencias sobre regla fiscal, inflación y coordinación macroeconómica.

Esto no significa que todo esté resuelto. Significa algo más preciso y más demoledor para los ortodoxos: sus advertencias absolutistas no se cumplieron.

La economía no es física. No hay una ley universal según la cual todo aumento de deuda interna, todo gasto público o toda apuesta estatal fuera del dogma conduce inevitablemente al colapso. Hay contextos, instituciones, expectativas, capacidad productiva, composición de la deuda, tipo de gasto, credibilidad política y margen monetario.

Y en el contexto colombiano, el catastrofismo falló.

La apuesta productiva era la clave

La defensa seria del gobierno saliente no puede quedarse en la deuda. La deuda solo se justifica si financia una transformación productiva. Ahí estaba la apuesta fuerte: usar el margen fiscal y la capacidad estatal para encender motores que el modelo anterior dejó oxidados.

Tres motores, sobre todo.

Primero, el agro. No como folclor campesino ni postal electoral, sino como política antiinflacionaria, sustitución de importaciones y soberanía alimentaria. En un país donde los alimentos pesan de manera sensible sobre el bolsillo popular, producir más comida localmente no es romanticismo: es una forma concreta de estabilizar precios y reducir dependencia externa.

Segundo, la infraestructura férrea. Colombia lleva décadas pagando el impuesto invisible de su atraso logístico. Mover carga por carretera, con costos altos, bloqueos, combustibles caros y geografía adversa, ha sido una condena para la competitividad. Reactivar trenes no es nostalgia: es bajar costos estructurales para el agro, la industria y el comercio.

Tercero, la reindustrialización. Incluida la posibilidad de usar capacidades estatales —Indumil, Cotecmar, industria militar y tecnológica— como plataforma de transferencia hacia sectores civiles. Mariana Mazzucato lleva años mostrando algo que los países ricos practican y luego recomiendan olvidar a los pobres: el Estado no solo corrige fallas de mercado; también crea mercados, orienta demanda, empuja innovación y asume riesgos que el capital privado no toma al comienzo.

Ese fue el núcleo del intento: deuda menos subordinada al dólar, gasto dirigido a capacidad productiva, Estado como inversor y país menos dependiente de extraer materias primas para sobrevivir.

No es una ruta perfecta. Pero es una ruta.

Y Colombia llevaba demasiado tiempo caminando en círculo.

La inflación es límite, no refutación

El contraargumento fuerte está en la inflación. Y hay que enfrentarlo, no esconderlo.

El DANE reportó que en junio de 2026 la inflación anual llegó a 6,14%, por encima de la meta del 3% del Banco de la República. Ese dato importa. Nadie serio en una discusión postkeynesiana o cercana a la MMT debería negarlo, porque incluso esas corrientes reconocen que el límite real del gasto es inflacionario y productivo, no contable.

Pero una cosa es reconocer el límite y otra usarlo para restaurar el dogma.

La inflación colombiana no prueba que la heterodoxia sea inviable. Prueba que la heterodoxia exige ejecución productiva real. Si el gasto activa producción, oferta, empleo, infraestructura y productividad, expande capacidad. Si se atasca en burocracia, mala ejecución o gasto sin retorno, presiona precios.

Ese es el juicio correcto.

No “la apuesta estaba equivocada”. Más bien: la apuesta necesitaba más Estado capaz, no menos Estado.

Ahí Petro falló parcialmente. No por exceso de ambición económica, sino por déficit de gerencia pública. El problema no fue atreverse a pensar más allá de la ortodoxia. El problema fue no ejecutar con la precisión que una apuesta así exige.

Y esa diferencia es crucial.

El dato laboral sí cuenta

El mercado laboral también incomoda el relato de ruinas.

Según el DANE, en mayo de 2026 la tasa de desocupación nacional fue 8,0%, un punto menos que en mayo de 2025. En tu documento, ese dato aparece correctamente como uno de los logros reales y verificables que el gobierno entrante no debería destruir por reflejo ideológico.

¿Eso significa que el empleo colombiano es ideal? No. Hay informalidad, precariedad, subempleo, diferencias regionales enormes y mala calidad laboral. Pero, otra vez, no confundamos problemas con ruinas. Una economía en ruinas no entrega ese dato laboral.

El empleo es imperfecto. Pero mejoró.

La deuda externa no se disparó. Se contuvo.

El dólar no explotó. Resistió.

La inversión no desapareció. Se reacomodó.

El país no colapsó. Discutió otra ruta.

Y eso es lo que no perdonan.

El CARF no debe ser ignorado, pero tampoco convertido en oráculo

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha lanzado alertas serias sobre la deuda pública neta, el déficit primario y la sostenibilidad fiscal. En su documento técnico sobre el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026, el CARF prevé un déficit primario de 4,1% del PIB, superior al previsto por el Gobierno. En tu versión, esa alerta aparece como el dato que impide convertir la defensa del gobierno en propaganda triunfalista.

Bien. Hay que mantenerlo.

Pero hay que ponerlo en su lugar.

El CARF vigila sostenibilidad fiscal. No diseña proyecto nacional. Su tarea es advertir sobre la trayectoria de la deuda, no decidir si Colombia debe seguir atrapada en un modelo productivo primario, dependiente, extractivo y mediocre. Sus alertas deben tomarse en serio, pero no transformarse en mordaza política.

La regla fiscal no puede ser la Constitución económica no escrita que prohíbe pensar el desarrollo.

La pregunta no es si hay que corregir la senda fiscal. Sí, hay que corregirla. La pregunta es cómo.

Una corrección fiscal inteligente protege inversión productiva y recorta improductividad. Una corrección fiscal ortodoxa suele hacer lo contrario: sacrifica futuro para tranquilizar balances de corto plazo. Baja fiebre matando el metabolismo.

Ese es el peligro de De la Espriella y Restrepo: que usen una alerta real para justificar un retroceso ideológico.

De la Espriella recibe una oportunidad, no una ruina

El gobierno entrante puede hacer dos cosas.

La primera: comprar su propia propaganda. Declarar que todo fue un desastre, desmontar por reflejo lo que huela a Petro, volver al endeudamiento externo cómodo, reducir la ambición productiva, recortar inversión, congelar la discusión ferroviaria, abandonar el giro agroindustrial, restaurar el viejo matrimonio entre extractivismo, banca y austeridad, y luego celebrar como “confianza” el regreso a la modorra.

Ese camino es conocido. Ya lo recorrimos. Tiene buenos editoriales, buenos almuerzos gremiales, buena música para calificadoras y mala historia para el país.

La segunda opción exige más inteligencia: aceptar que el gobierno saliente abrió una ruta defendible y corregirla donde falló. Mantener la menor exposición al dólar. Profundizar el financiamiento en pesos sin ahogar el crédito productivo. Coordinar mejor con el Banco de la República. Hacer ajuste fiscal, sí, pero protegiendo inversión en sectores con retorno. Gerenciar de verdad el agro, los trenes y la reindustrialización. Medir resultados. Separar gasto productivo de gasto burocrático. Darle capacidad ejecutora al Estado en lugar de usar sus fallas como excusa para entregarle otra vez el desarrollo a la inercia.

Eso sería gobernar.

Lo otro sería restaurar.

Lo que realmente está en disputa

Aquí no se está discutiendo solo la deuda. Se está discutiendo quién tiene derecho a imaginar la economía colombiana.

La ortodoxia local quiere que el país vuelva a creer que no hay alternativa. Que cualquier cosa distinta al libreto de siempre es populismo. Que el Estado solo sirve para gastar mal. Que la deuda en pesos es peligrosa, pero la dependencia del dólar es natural. Que la inversión pública es sospechosa, pero la renta extractiva es madurez. Que el desarrollo debe esperar hasta que el mercado, algún día, decida hacerlo rentable.

Petro tuvo el mérito de desafiar esa resignación.

No lo hizo todo bien. Pero rompió el cerco mental. Mostró que el país podía reducir exposición externa sin que se cumpliera el apocalipsis cambiario. Puso sobre la mesa la capacidad productiva ociosa. Reabrió la discusión sobre trenes, agro, industria, Estado emprendedor y soberanía financiera. Demostró que la economía colombiana no tenía por qué seguir arrodillada ante el manual que la mantuvo creciendo poco y obedeciendo mucho.

Ese es el legado que quieren tapar con la palabra “ruinas”.

Pero no eran ruinas.

Era una obra a medio construir.

Y la pregunta del 7 de agosto no es si De la Espriella recibe un desastre. La pregunta es si tendrá la inteligencia de terminar lo que sirve, corregir lo que falla y potenciar lo que apenas empezó, o si preferirá demolerlo todo para que los viejos arquitectos de la dependencia vuelvan a vendernos como prudencia lo que siempre fue falta de imaginación.

La derecha quiere llamar salvación al regreso.

Yo lo llamo por su nombre: restauración de la modorra.

Y Colombia ya perdió demasiado tiempo siendo administrada con miedo.