En Colombia, declararse en insolvencia personal no es solo un trámite jurídico: es una radiografía de un modelo económico que se desborda sobre la vida cotidiana de miles de familias. Desde 2012, cuando entró en vigencia el régimen de insolvencia para personas naturales no comerciantes, el país dio un paso hacia el reconocimiento de que el sobreendeudamiento no es un pecado individual, sino un síntoma de fallas estructurales en la economía y en el acceso desigual al crédito.