Históricamente, en Colombia, el gobierno de turno que se descara en cometer corrupción, en su ineptitud y desconexión con el pueblo que democráticamente lo aceptó, saca a las calles a la Fuerza Pública para callar, perseguir y reprimir a quienes le reclaman cambio, transparencia, respeto por la ciudadanía y participación real de todos los actores sociales y políticos en las decisiones cruciales del Estado para la Nación, tildándolos de vándalos, terroristas y subversivos peligrosos.
Pasó con la retardataria, mediocre, goda, machista y corrupta hegemonía conservadora, que trató como vándalos a los liberales, uso a la Policía, Ejército y Paramilitares para acabar con su oposición., encendiendo con ello, una espiral de venganza, barbarie y locura popular conocida como la época de «La Violencia» (paradoja colombiana por excelencia).
«El dispositivo antipopular incluyó la violencia oficial con miras a la desarticulación del movimiento popular, a través de una policía purgada de todo elemento liberal y renutrida por efectivos de municipios ultraconservadores: la “Chulavita”; y la creación de organizaciones paramilitares de reconversión política y exterminio sistemático como los “Pájaros” y los “Contrachusmeros”.
Estas últimas fueron organizaciones ilegales de civiles armados dedicadas al asesinato selectivo de militantes liberales y a la “conservatización” de burocracias y poblaciones a lo largo del país. La acción paramilitar se extendió más allá de los cincuenta de manera paralela a los intentos pacificadores del General- Presidente Rojas Pinilla. Una vez amnistiados los guerrilleros liberales, se conformaron bandas armadas encargadas de impedir el regreso de los guerrilleros amnistiados a sus pueblos y parcelas y asesinar a los líderes desmovilizados.»
(Chulavitas, Pájaros y Contrachusmeros. La violencia para- policial como dispositivo antipopular en la Colombia de los 50. https://cdsa.aacademica.org/000-010/487.pdf)
FRENTE DE IMPUNIDAD
Luego, con el Frente Nacional, que fue el principio de la corrupción Liberal-Conservadora, y el germen de la Narcoligarquía. La nueva alianza oligárquica que se distribuyó el poder sin consultas a la ciudadanía ni participación de otras voces o corrientes políticas o sociales, quizo esconder «La Violencia» con impunidad descarada y rampanate, para lo que excluyó a los movimientos nacionalistas, socialistas y liberales de izquierda, que pedían, como en su momento lo hicieron los liberales tradicionales, un espacio para participar política y burocráticamente en la dirección, manejo y escalamiento del Estado.
Pero fueron estigmatizados como vándalos, y con la Policía, el Ejército y nuevos Paramilitares, perseguidos, acallados, torturados y desaparecidos, empezando por los nacionalistas partidarios de Rojas Pinilla (semilla de la guerrilla urbana nacionalista M-19), chivos expiatorios para ocultar la sangría que rojos y azules habían protagonizado, como expresión de la ineptitud y desidia de una oligarquía sin colores ni partidos que pesco en un rio sanguinolento revuelto y enfurecido.
«En este marco, el ambiente político del Frente Nacional es perfectamente compatible con la representación de La Violencia como una entidad colectiva, impersonal y anónima, equivalente a un cataclismo o a una catástrofe natural, que se abate por los campos y “siembra la destrucción a su paso”, en la que no hay actores ni intereses claramente definidos y, por consiguiente, tampoco hay responsables.
La Violencia así representada aparece como un mito por fuera del tiempo y del espacio, como una especie de entidad autónoma y suprahistórica que de cuando en cuando regresa y se instala en la vida política de los colombianos, a la manera de un “eterno retorno de lo mismo”. Aún hoy en día, los campesinos colombianos hablan de La Violencia como aquel “ente colectivo” que les robó la cosecha, les quitó la propiedad, los sacó del campo y exterminó a sus amigos y parientes (Ortiz, 1987, pp. 37-44).
La segunda de las estrategias consiste en “sustituir una cosa por otra”, en construir el efecto metonímico de reemplazar la parte por el todo y convertir una situación relativamente secundaria en el problema fundamental. Bajo la égida de la gran prensa, aquella época no se recuerda como el momento del enfrentamiento entre liberales y conservadores, cuando se cometían horribles crímenes en nombre de los partidos, sino como la época de la dictadura de Rojas Pinilla, que se convierte de esta manera en un “recuerdo encubridor” de La Violencia.»
(La Violencia en Colombia de M. Guzmán, O. Fals y E. Umaña y las trasgresiones al Frente Nacional. https://journalusco.edu.co/index.php/entornos/article/view/1262/2485)
EL ESTATUTO DE INSEGURIDAD
Y podemos hacer un sobrevuelo histórico identificando las narrativas de los gobiernos de Pastrana y Turbay Ayala, que mediocres y corruptos, desconectados de la ciudadanía, supieron ahondar la figura del comunismo y las guerrillas en el país como justificación para acallar violentamente cualquier oposición, cerrarle canales de expresión, diálogo y expresión a cualquier corriente distinta a la oligarquía Liberal-Conservadora, unieron lazos con los nuevos ricos regionales del narcotráfico, y usaron a las Fuerzas Militares del Estado para perseguir, estigmatizar y disminuir a la oposición política y social del Frente Nacional.
Sumieron al país en una guerra de guerrillas inútil, sin sentido, costosa y que fue el marco para callar a dos generaciones de colombianos que aprendieron, adoctrinados, con miedo y terror urbanos y rurales, que la manifestación ciudadana, la protesta social y la oposición ideológica son criminales, indeseables, peligrosas y hasta sacrílegas, en definitiva: cosa de vándalos… Periodo que fue consagrado con la instauración del invento del siglo XIX, el Estado de Sitio (sueño del uribismo en pleno siglo XXI), arma de Gobierno y Gestión de la Presidencia fatídica de Turbay, incapaz de otra respuesta a la guerra armada hacía decenios por sus propios copartidarios y socios políticos.
De esta manera, Turbay usaba una norma de represión que desde 1958, usada por Alberto Lleras Camargo, venía siendo la manera de gobernar con violencia, abuso de la fuerza, medidas dictatoriales, reducción de los derechos civiles y más guerra,, de forma estúpida e irracional, la oligarquía quizo solucionar un problema de fondo social con fuerza y represión. La mediocridad en el poder volvía a destrozar la democracia.
«Entre el 7 de agosto de 1958 y el 7 de agosto de 1978, es decir a lo largo de los últimos veinte años, cerca de quince (más exactamente catorce años, once meses) han transcurrido en Colombia bajo el régimen del estado de sitio. Estos quince años no se han sucedido uno tras otro de manera continua e ininterrumpida: no han constituido una isla en medio del resto de tiempo que nosotros consideramos aquí. Por el contrario, tales años se han mezclado y entrelazado con los otros cinco en un juego de alternación de períodos de restricción y períodos de tolerancia. Alternación que cumple una función muy importante en la legitimación del uso del estado de sitio.
Hay que recordar que el régimen político colombiano se presenta como una democracia liberal. El hecho de mantener durante un tiempo excesivamente largo una situación que él mismo considera como excepcional sería ideológicamente debilitante para el poder. Estamos en presencia de la política del castigo y de la recompensa, del «tira y afloje», que permite disminuir el efecto de deterioración que se produce normalmente por la utilización prolongada de la institución. Se trata de permitir un respiro durante el tiempo necesario para retomar fuerzas y continuar golpeando con una legitimidad renovada.»
(Quince años deESTADO DE SITIOen Colombia:1958-1978 https://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/quince_annos_de_estado_de_sitio_en_colombia_1958_1979.pdf)
LOS MILENIALS Y CENTENIALS DAN LA CARA
Así que, este año 2021, la brutalidad de la Fuerza Pública en la represión de la protesta social, el abuso de la fuerza para acallar a la ciudadanía manifestándose, la ineptitud del Gobierno uribista de turno detrás, y la búsqueda de un mecanismo para suprimir derechos y controlar con violencia a la oposición y desaprobación popular, son una receta tradicional de quienes con mediocridad, antipatía, desconexión y prepotencia, manejan el poder usurpado a la democracia.
Satanizar a la población que alza su voz, infiltrar la protesta y procurar violencia en esta para aplastarla con fuerza desmedida por parte de la Policía, estigmatizar a quienes oponen argumentos contra la voluntad de la narcoligarquía, actual usurpadora del poder, permitir la vandalización desmedida por parte de desadaptados que se desbocan con el ánimo caldeado de la protesta legítima, aterrorizar a la población civil que apoya la manifestación pacífica, generar miedo e incertidumbre a partir de la liberación de mensajes de desestabilización económica, todas estás, son acciones que desde hace decenios usan los gobiernos corruptos, mediocres y débiles en Colombia para mantener el control y no perder el poder ilegítimo que ostentan.
La diferencia de grandes momentos anteriores de protesta, indignación, manifestación y expresión popular legítima y justificada, con lo que sucede en 2021, es que tenemos nuevos medios de comunicación, jóvenes criados con menos miedo que el que fue impreso en sus padres y abuelos a disentir, objetar y exigir participación, libertad real para su expresión, espacio para su participación, atención a sus inquietudes y propuestas, y respeto por su vida como ciudadanos e iguales de quienes gobiernan, dictan leyes y esgrimen armas.
El uribismo ha demostrado que no logra descifrar y guiar al país más allá de la guerra y la confrontación. El país no soporta un mediocre más en el poder, ni un grupo de asaltantes de clase en el gobierno, ni una fórmula nefasta de represión y control como solución de nuevo. La Nación de 2021 es otra, con otro espíritu y carne, y exige otro Estado, con otros líderes, con nuevos planes, unos que incluyan a los ciudadanos silenciados, usados y reprimidos por más de medio siglo. Esto no es un problema de policías y manifestantes, esto es un asunto de un país agotado, sin identidad más allá de lugares comunes de playa, brisa y mar, y que a través de sus nuevas generaciones ha descubierto que el paraíso no es un lugar de miedo y silencio.
EL PROCESO POLÍTICO COLOMBIANO DURANTE EL GOBIERNO DE JULIO CÉSAR TURBAY AYALA (1978-1982)