La Ley 100 necesita ser reformada, no solo para humanizar el trabajo de las EPS y meter en cintura su negocio, sino para equilibrar las cargas en el régimen de pensiones, que bajo esta Ley vive en una falacia desde que Uribe la vendió como la panacea.

La Ley 100 no solucionó el asunto de la carga pensional para el Estado, es decir para nuestros bolsillos, y hoy en día seguimos pagando de nuestros impuestos esa carga, que se debita directamente del presupuesto de la nación.

Esa Ley solo abrió un negocio redondo para los banqueros y grupos económicos que patrocinan a la narcoligarquía en sus campañas electorales, ya que con nuestros aportes obligatorios, se financian sus negocios, como los de Sarmiento Ángulo con préstamos del fondo Porvenir (de su propiedad) a Corficolombiana (suya también) para construir carreteras o puentes (que se caen y rehace) y que luego nos cobra en peajes e impuestos de valorización. Negocio redondo para AVAL, gracias a Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras.

Usa nuestra plata de pensiones, de la cual ya toma una parte como cobro por administración, la invierte por un lado con rentabilidades de entre 13 y 20%, nos da solo entre el 3 y 7%, aunque incluso el rendimiento real puede llegar a cero en Porvenir y Protección. Por el otro toma nuestro dinero y sin pagar intereses, se financia para hacer obras que luego nos cobra de nuevo. Esa Ley es una farsa y una trampaDebe ser reformada.

Es momento de una reforma pensional. «Luego de la reforma de la Ley 100 mejoraron las afiliaciones, lo cual implica un aumento también de las cotizaciones y la cobertura de los pensionados en el futuro. En la actualidad la cobertura de las pensiones es apenas 23% y menos de 1,5 millones de personas. Esto se debe, en parte, a la existencia de un mercado laboral con un sector informal amplio (47,3%).

Las mayores tasas de reemplazo del sistema público con respecto al privado ocasionan traslados del segundo al primero, lo que pone más presión en las finanzas públicas. Por lo anterior, se propone establecer un sistema de 3 pilares vigente en otros países como Chile. Actualmente, por nivel de ingreso, cerca de 80% de los cotizantes corresponde a personas con menos de 2 SMMLV; sin embargo, un alto monto de los subsidios del RPM se destina a la población con mayores ingresos.

El gasto en transferencias con cargo a la Nación fue de 3,4% del PIB y el pasivo pensional fue cercano al 130% del PIB. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, en este documento se plantea la necesidad de una reforma pensional que mejore la cobertura, aumente las transferencias a la población más pobre y no incremente los requerimientos de presupuesto de la Nación.»