En el contexto colombiano, la discusión sobre la reforma laboral se ha convertido en uno de los temas más polarizadores de la agenda política actual. Mientras el Gobierno de Gustavo Petro impulsa un ambicioso paquete de cambios –que incluye ajustes en la remuneración por horas extra, el recargo en días festivos y dominicales, y mejoras en los derechos laborales de aprendices y trabajadores de plataformas digitales–, sectores empresariales y parte del legislativo se han pronunciado en su contra. Sin embargo, sus argumentos a la luz de los datos globales y de la praxis en diferentes países, parece más un miedo autoinducido, un coco mítico, que una suma de razones creíble y de peso.
